La Comisión dice que el Estado fue responsable porque no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar el ataque y responsabiliza directamente al Gobierno y a la Fuerza Pública.
Y asegura que "nunca hubo una real intención del Gobierno de salvar a los rehenes".
El ex magistrado Roberto Herrera aseguró que, tras la tragedia, hubo una especie de 'pacto de silencio' para ocultar la verdad y que los familias de las víctimas, entre ellas las de los desaparecidos, fueron discriminadas.
Por su lado, el ex magistrado Jorge Aníbal Gallego señaló que nada deslegitima más a un Estado que recurrir a las tácticas de los ilegales que intenta combatir y afirmó que en esos días hubo censura de prensa en Colombia.
La Comisión de la Verdad dice que ocho de los guerrilleros tienen tiros de gracia, lo que demuestra que fueron ejecutados.
Resalta que la responsabilidad inicial de la tragedia es de la guerrilla, pero señala también que la reacción militar fue desproporcionada y que hubo intereses no aclarados que facilitaron la toma.
Así, por ejemplo, los tres ex magistrados de la Corte Suprema dicen que el retiro de la vigilancia del Palacio fue deliberado, para así atraer al M- 19.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llega la Comisión de la Verdad que investigó los hechos ocurridos hace 24 años.
En el documento, anticipado por la emisora W Radio, los miembros de la Comisión asegura que las autoridades tenían conocimiento que el grupo guerrillero M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia y que el día en que se produjo se retiró la vigilancia.
Según el documento, el Ejército recibió dos días antes de la toma un anónimo sobre la incursión del M-19 al Palacio de Justicia, lo que explicaría además la presteza con la que llegaron los tanques Cascabel a la Plaza de Bolívar para la retoma.
Según el informe final, revelado por María Isabel Rueda, el Cartel de Medellín le pagó 2 millones de dólares al M-19 para que hiciera la toma y destruyera todos los expedientes de la Corte Suprema contra los jefes del narcotráfico.
El documento señala que desde el atentado contra el general Rafael Zamudio las Fuerzas Militares sabían lo que iba a suceder.
El texto revela que el 6 de noviembre de 1985 solo había seis vigilantes custodiando el Palacio lo que significa que las autoridades "dejaron a la deriva a los magistrados".
La Comisión también dice que queda comprobada "la clara conexión" del M-19 con el cartel de Medellín para tomarse el Palacio de Justicia.
Así mismo, responsabiliza al presidente Belisario Betancur de la muerte de los rehenes porque no existió intención alguna de salvarles la vida porque las decisiones que se tomaron en ese momento fueron equivocadas.
Por otro lado, dice que el Ejército desbordó las potestades que le daba la Constitución y las leyes. De igual forma, señala que las relaciones entre el Gobierno y las FF.MM. no eran las mejores.
El informe indica que no hubo espacio para el diálogo porque cuando el presidente Betancur escuchaba las demandas del M-19, los tanques del Ejército ya estaban ingresando al Palacio.
Finalmente, dice que la decisión de censurar a los medios de comunicación para que no pasaran imágenes de la toma fue "equivocada" porque eso ayudó a poner en peligro la vida de los rehenes y que, aparte de los magistrados de la Corte Suprema, los del Consejo de Estado también estaban amenazados.
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