Micheletti le envió una carta, a través de su ministro de la Presidencia, Rafel Pineda Ponce, solicitándole "sin demora, una lista de diez ciudadanos con requisitos establecidos en la Constitución de la República, para dentro de ellos hacer la escogencia de los servidores públicos que, a partir del 6 de noviembre, habrán de integrar el gobierno de unidad y reconciliación nacional".
Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil desde el pasado 21 de septiembre, consideró esta primera misiva de su compañero del Partido Liberal (PL, derecha) y rival como una "agresión".
Es "una agresión, una ofensa del punto de vista de que en el acuerdo no se establece en esa forma" la integración del gobierno de unidad y conciliación, dijo Zelaya al Canal 11 de la televisión local en la noche del martes.
"Es un acto irreflexivo estar solicitando esto antes que (lo solicite) la Comisión de Verificación" que quedó establecida el martes, señaló Zelaya.
La constitución de un gobierno de unidad nacional, que debería estar presidido por Zelaya, es uno de los puntos que prevé el Acuerdo Tegucigalpa/San José Diálogo de Guaymuras, alcanzado por las delegaciones de éste y de Micheletti el pasado viernes.
Dicho acuerdo prevé que este gobierno, elegido por ambos, quede constituido este jueves, pero todo hace suponer que Zelaya no lo podrá presidir ya que el Congreso está dilatando la votación sobre su restitución.
La directiva del Congreso decidió la víspera pedir un parecer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como a otras tres instituciones, sobre la eventual restitución de Zelaya, lo que previsiblemente demorará la votación en el plenario por los 128 diputados ya que no hay plazos establecidos.
Lo que no contempla el acuerdo es qué pasaría si la decisión de los legisladores llega después de las elecciones del 29 de noviembre o fuera contraria al regreso de Zelaya al poder, del que fue depuesto por el golpe de Estado del 28 de junio.
Al tiempo que se despeja la incógnita, la Comisión de Verificación, empezó a trabajar para tratar de conseguir que se cumpla el acuerdo.
"Ojalá podamos poner todos los esfuerzos para sacar adelante el acuerdo que fue suscrito por los hondureños y hondureñas" y "trabajar en pro de la reconciliación, del entendimiento de todos los sectores", dijo el ex presidente chileno, Ricardo Lagos, que junto a la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís, integra la comisión supervisada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los otros dos miembros de dicha Comisión, encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo, son Jorge Arturo Reina, en representación de Zelaya, y Arturo Corrales por el gobierno de facto.
Por otra parte, el gobierno de facto sigue siendo acusado de violar los derechos humanos, por lo que la comunidad internacional debe permanecer vigilante, alertaron desde Washington el martes varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Se llegó a un acuerdo para la reconciliación, y ello provocó que buena parte de la comunidad internacional deje de prestar atención a lo que está ocurriendo" en Honduras, advirtió Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Entretanto, Zelaya pidió a la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que aclare si le quitó el apoyo y si "la posición de su país fue modificada o cambiada sobre la condena al golpe de Estado en Honduras".
En una carta enviada el martes a Clinton, de la que la AFP obtuvo una copia, Zelaya le pide que aclare si, como afirmó el subsecretario Thomas Shannon, se recoocerán las elecciones aunque él no sea restituido en el cargo.
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