jueves, 17 de diciembre de 2009

Colombia reclama captura y extradición de 15 jefes guerrilleros que se encontrarían en Venezuela

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, asegura que jefes de las Farc y el Eln se refugian allí.

"Tenemos información bastante confiable de que cerca de 15 cabecillas de diferente orden, de orden nacional hasta orden de bloque, además de un número importante de guerrilleros se encuentran en Venezuela, el más claro y el más reconocido es Iván Márquez", dijo Silva.

"Le pedimos al Gobierno (de Venezuela), asumiendo que tiene la mejor buena fe, que nos colabore para capturarlos y extraditarlos", precisó el funcionario quien repetidamente denuncia la presencia de líderes de las Farc y del Eln en ese país.

Márquez es uno de los siete integrantes del secretariado de las Farc, el órgano de dirección de esa guerrilla, que hace más de dos años apareció en Caracas junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante el trámite para liberar un grupo de rehenes.

El propio presidente de Colombia, Alvaro Uribe, denunció en agosto, durante una cumbre de mandatarios sudamericanos que se realizó en Argentina, que dos altos jefes de las Farc se refugian en Venezuela y demandó cooperación para capturarlos.

La actual crisis comenzó en julio cuando Colombia anunció que firmaría un acuerdo con Washington que permite a militares de Estados Unidos usar siete bases en su territorio para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.

La disputa diplomática de Bogotá y Caracas es considerada como la peor desde 1987 cuando los dos países, que comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, estuvieron al borde de una guerra después de que un barco de combate de Colombia fue interceptado por la Armada de Venezuela en una zona marítima bajo disputa limítrofe.

Chávez, el más fuerte crítico de Washington en la región, denunció la supuesta intención de Estados Unidos de instalar una plataforma desde Colombia para invadir su país.

En medio de la crisis diplomática, el mandatario izquierdista, que negó en el pasado nexos o apoyo a la guerrilla colombiana denunciados por la oposición de su país y por fuentes de seguridad, ordenó llevar a cero el comercio binacional que ascendió a más de 7.000 millones de dólares en el 2008.

Durante la disputa diplomática se han registrado asesinatos de colombianos en territorio venezolano, acusaciones de espionaje, detenciones de efectivos de las Fuerzas de seguridad de los dos países y la destrucción de puentes artesanales en la frontera binacional.

"Le volvemos a solicitar al Gobierno de Venezuela que nos haga el favor, que se compadezca del derecho internacional, que lo tenga en cuenta, que no puede actuar como si no existiera una realidad evidente", afirmó Silva, a quien Chávez llamó en una ocasión 'retardado mental'.

"El derecho internacional obliga a que cuando existen terroristas en el territorio de un país, reconocidos o se tiene información sobre ellos, se proceda a capturarlos, a deportarlos o extraditarlos", precisó el funcionario.


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Gobierno no intentó salvar a los rehenes del Palacio, revela la Comisión de la Verdad

"Todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para la toma del Palacio", dice textualmente el informe.

La Comisión dice que el Estado fue responsable porque no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar el ataque y responsabiliza directamente al Gobierno y a la Fuerza Pública.

Y asegura que "nunca hubo una real intención del Gobierno de salvar a los rehenes".

El ex magistrado Roberto Herrera aseguró que, tras la tragedia, hubo una especie de 'pacto de silencio' para ocultar la verdad y que los familias de las víctimas, entre ellas las de los desaparecidos, fueron discriminadas.

Por su lado, el ex magistrado Jorge Aníbal Gallego señaló que nada deslegitima más a un Estado que recurrir a las tácticas de los ilegales que intenta combatir y afirmó que en esos días hubo censura de prensa en Colombia.

La Comisión de la Verdad dice que ocho de los guerrilleros tienen tiros de gracia, lo que demuestra que fueron ejecutados.

Resalta que la responsabilidad inicial de la tragedia es de la guerrilla, pero señala también que la reacción militar fue desproporcionada y que hubo intereses no aclarados que facilitaron la toma.

Así, por ejemplo, los tres ex magistrados de la Corte Suprema dicen que el retiro de la vigilancia del Palacio fue deliberado, para así atraer al M- 19.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llega la Comisión de la Verdad que investigó los hechos ocurridos hace 24 años.

En el documento, anticipado por la emisora W Radio, los miembros de la Comisión asegura que las autoridades tenían conocimiento que el grupo guerrillero M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia y que el día en que se produjo se retiró la vigilancia.

Según el documento, el Ejército recibió dos días antes de la toma un anónimo sobre la incursión del M-19 al Palacio de Justicia, lo que explicaría además la presteza con la que llegaron los tanques Cascabel a la Plaza de Bolívar para la retoma.

Según el informe final, revelado por María Isabel Rueda, el Cartel de Medellín le pagó 2 millones de dólares al M-19 para que hiciera la toma y destruyera todos los expedientes de la Corte Suprema contra los jefes del narcotráfico.

El documento señala que desde el atentado contra el general Rafael Zamudio las Fuerzas Militares sabían lo que iba a suceder.

El texto revela que el 6 de noviembre de 1985 solo había seis vigilantes custodiando el Palacio lo que significa que las autoridades "dejaron a la deriva a los magistrados".

La Comisión también dice que queda comprobada "la clara conexión" del M-19 con el cartel de Medellín para tomarse el Palacio de Justicia.

Así mismo, responsabiliza al presidente Belisario Betancur de la muerte de los rehenes porque no existió intención alguna de salvarles la vida porque las decisiones que se tomaron en ese momento fueron equivocadas.

Por otro lado, dice que el Ejército desbordó las potestades que le daba la Constitución y las leyes. De igual forma, señala que las relaciones entre el Gobierno y las FF.MM. no eran las mejores.

El informe indica que no hubo espacio para el diálogo porque cuando el presidente Betancur escuchaba las demandas del M-19, los tanques del Ejército ya estaban ingresando al Palacio.

Finalmente, dice que la decisión de censurar a los medios de comunicación para que no pasaran imágenes de la toma fue "equivocada" porque eso ayudó a poner en peligro la vida de los rehenes y que, aparte de los magistrados de la Corte Suprema, los del Consejo de Estado también estaban amenazados.


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Gobierno fijará reajuste del salario mínimo por fracaso de acuerdo entre empresarios y trabajadores

En la reunión de hoy, los voceros de los gremios de la producción y los de las centrales obreras dieron terminado el proceso de negociación que se venía realizando en la Comisión de Concertación.

Los trabajadores pedían un incremento de 8 por ciento mientras que los empresarios ofrecieron 3,2 por ciento. Al finalizar la reunión, expidieron el siguiente comunicado:

Los representantes de las Centrales sindicales y de los Gremios económicos participantes en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, congregados en una reunión bilateral el 17 de diciembre del año 2009 a las 11 a.m., queremos manifestar a la opinión pública que hemos adelantado desde septiembre de 2009 reuniones para buscar un acuerdo respecto al salario mínimo que debe regir en el 2010, y otros temas sociales.

Dichas reuniones se han caracterizado por el mejor ánimo de concertación de las partes y por el intercambio fluido de información para definir aspectos en la política laboral en los próximos años en la Comisión.


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Investigan intoxicación de bebé que habría ingerido alucinógenos

El niño de 10 meses fue internado el martes a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Mar Caribe de Santa Marta, bajo los efectos al parecer de cocaína.

El menor que había sido remitido del centro de salud del barrio Bastidas, en el nororiente de la ciudad, llegó a la clínica con síntomas de irritabilidad y alteraciones del comportamiento, según la pediatra Diana Martel.

"El menor se encuentra estable. Clínicamente está bien, afortunadamente no tuvo alteraciones que comprometieran su vida", aseguró la pediatra.

El comandante (e) de la Policía en el Magdalena, coronel Jorge Hilario Estupiñán, dijo que luego de ubicar a los padres del menor, ellos manifestaron que la noche anterior habían realizado una reunión familiar en su residencia y que algunos de los invitados, en un descuido, había dejado caer el sobre con la droga que posteriormente fue ingerida por el bebé, ocasionándole un estado de sobredosis.

"Este es un acto irresponsable de unos padres de familia que llevan sustancias alucinógenas a una fiesta. Eso no tiene ninguna explicación", cuestionó el oficial y añadió que están trabajando con personal de inteligencia para establecer si en esta vivienda o en otra del sector se dedican al expendio de drogas. Por su parte, el director del Bienestar Familiar seccional Magdalena, Giovanny Torres Barrios, dijo que en este caso hubo una evidente vulneración de los derechos del niño, quien quedará bajo la custodia de la institución.

"Estamos en el proceso de investigación. Esperamos que el defensor de familia dicte la medida de restablecimiento de derecho para brindarle cuidado y protección al niño", indicó Torres. El funcionario manifestó que de no haberse interpuesto una denuncia sobre este hecho ante la Fiscalía, la institución se encargará de hacerlo y que de comprobarse la responsabilidad de los padres del menor, estos podrían perder la patria potestad.


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Periodista fue asesinado en Buga minutos después de concluir su programa

Harold Humberto Rivas Quevedo fue asesinado el martes en la noche en una funeraria

Rivas, de 48 años, que trabajaba en el canal de televisión CNC y en las emisoras Voces de Occidente y Radio Guadalajara de Buga.

Rivas Quevedo fue asesinado poco después de terminar su programa televisivo Comuna L, detalló la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) en un comunicado.

Según testigos, el periodista fue atacado por "un sujeto de contextura mediana que ocultaba su rostro bajo un casco cerrado" de motociclista.

El criminal ingresó a la Funeraria Santa Cruz "y, sin mediar palabra, le hizo cinco disparos de pistola nueve milímetros al periodista, para, inmediatamente después, huir en una motocicleta (...) que lo esperaba con el motor encendido".

Fecolper añadió que recibió el testimonio del camarógrafo David Rodríguez, quien explicó que Rivas Quevedo, en el programa Comuna L, con emisiones los martes y los jueves, "abordaba todo tipo de temáticas mediante entrevistas a líderes comunitarios y políticos de la región, quienes respondían las inquietudes de la comunidad bugueña".

Rodríguez señaló también que el periodista asesinado "nunca comentó haber recibido amenazas en su contra".

Otro colega, Rodrigo Gómez, director del periódico El Noticiero, dijo también a Fecolper que Rivas Quevedo era un "periodista de comentarios agudos, que exigía compromisos concretos de las autoridades locales con la ciudadanía".

Tanto Fecolper como la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) condenaron el crimen de Rivas Quevedo, casado y padre de tres hijos, y exigieron a las autoridades "una investigación eficaz" que permita la captura de los autores materiales e intelectuales.

"Estamos cansados de ver caer a nuestros colegas por informar a sus comunidades ante la mirada pasiva de autoridades y ciudadanos", declaró Eduardo Márquez, presidente de Fecolper y director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

"Son ya siete nuestros compañeros asesinados en lo que va de año y solo hay un capturado; regiones enteras han perdido miradas críticas de nuestra realidad. Sin embargo, el Gobierno nacional intensifica su campaña internacional para vender las bondades de un modelo de protección a periodistas, ineficaz a todas luces", añadió Márquez.


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'Museo al aire libre' en Cundinamarca parece estar condenado a desaparecer

Cada año en el Nilo, en el suroccidente de Cundinamarca, en la noche previa al solsticio de verano un grupo de personas se reúne en torno a tres círculos pintados sobre una piedra. La figura es etendida como un calendario de los antepasados, y por eso la visita es sagrada.

Este trabajo es protegido del vandalismo, pero, según expertos, son contados los que tienen esta suerte, pues la gente no los cuida porque desconoce una de las riquezas más grandes del departamento: las manifestaciones rupestres. Es decir, pinturas y grabados sobre piedras, que fueron hechos entre 500 y 7.000 años atrás.

El antropólogo Álvaro Botiva, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), contabilizó en Cundinamarca 172 en sólo 42 municipios, durante 10 años de investigación. Pero asegura que la cifra puede llegar a 500 y que ningún trabajo es idéntico a otro.

Este 'museo al aire libre' hoy parece estar condenado a desaparecer. "Muchos grabados y pinturas están cerca de los frentes urbanos, y a otros el entorno parece absorberlos", señala Diego Martínez , otro investigador. Cerca de San Mateo, en Soacha, muchos lugares donde están las imágenes son hoy botaderos de basura o marraneras, y en Facatativá los grafitis los taparon por completo.

Un peaje se tragó varias piedras

Botiva ve con tristeza el panorama. "Esto hace parte del patrimonio arqueológico y debería estar bajo la protección del Estado, pero no es así", dice y cita el ejemplo de la ampliación del peaje de Chusacá, que en plena obra destruyó varias piedras.

El investigador explica que cuando un grabado está en peligro de desaparecer, muchas veces se denuncia, pero que el problema se diluye entre las entidades y al final todo queda en un eterno rebote de responsabilidades.

Sin embargo, Eduardo Forero, del grupo de arqueología del ICANH, explica que ya se está desarrollando una ley para generar corresponsabilidad entre entidades.

Un ejemplo es tal vez lo que se viene desarrollando en el parque de las Piedras del Tunjo de Facatativá, donde se prohibieron las fogatas cercanas. En Soacha, en un lugar conocido como El Vínculo, un grupo de mineros cuida de una piedra.

Pero los investigadores no dudan en afirmar que la mayoría del arte antiguo se está perdiendo y que lo grave es que se está borrando parte de la memoria de Cundinamarca.


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Entregaron 220 becas a futuros científicos en Cali

Los becados deben terminar de manera exitosa sus estudios, regresar y estar en el país el mismo número de años que duró la beca.

Colciencias entregó 220 becas a estudiantes con potencial investigador. Estas becas hacen parte del programa Generación del Bicentenario.

"Es el programa más audaz que se ha hecho en la historia de la ciencia y la tecnología colombiana. El programa Generación del Bicentenario busca crear una nueva generación de investigadores que van a estudiar en las mejores universidades del mundo", dijo el subdirector de Conciencias, Alexis de Greiff.

El Programa "Generación del Bicentenario contempla, en una primera fase, el Programa de Formación doctoral Francisco José de Caldas que apoya y promociona la formación de alto nivel en las mejores universidades del país y del exterior.

Con las becas Caldas se busca financiar 500 doctores al año para tener 3.000 nuevos doctores en el 2019.

Los becados, una vez terminen sus estudios, deberán vincularse a un grupo de investigación activo de Colombia.

Los destinos preferidos por los estudiantes para tomar estas becas son Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Brasil y Francia.

"Este es un privilegio que no todos tienen. Es una responsabilidad inmensa para poder retribuir todo el esfuerzo que hacen con uno. Aún no se ha definido a que universidad voy pero, se estima que la beca será para Inglaterra o Alemania", dijo Daniel Atehortúa, estudiante de doctorado de ingenierías de la Universidad del Valle y uno de los beneficiarios.


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